Nuestra intervención pública no responde a intereses partidistas ni a estrategias de confrontación política. No estamos ante un juego político, sino ante una cuestión profundamente humana, ética y social, que interpela a las instituciones y a la sociedad en su conjunto.
Desde nuestra experiencia de acompañamiento cotidiano, constatamos que la irregularidad administrativa continúa siendo un factor que agrava la exclusión, especialmente en el caso de mujeres migrantes que viven situaciones de violencia, explotación, trata o prostitución. Aun reconociendo los avances introducidos por el actual Reglamento de Extranjería, comprobamos que muchas personas quedan fuera de las vías ordinarias de regularización, prolongando situaciones de precariedad e invisibilidad. Por ello, consideramos imprescindible seguir avanzando hacia una Ley de Extranjería más humana, que:- Ponga en el centro la dignidad de la persona, por encima de criterios meramente administrativos.
- Ofrezca respuestas reales a quienes no pueden acogerse a los procedimientos actuales.
- Reconozca las situaciones específicas de vulnerabilidad que afectan de manera especial a las mujeres.
- Evite que la irregularidad se convierta en un mecanismo estructural de exclusión y explotación.
