La violencia institucional adopta muchas formas. También existe cuando el racismo, la xenofobia y el estigma atraviesan las respuestas públicas y privadas dirigidas a mujeres en situación de prostitución, trata y exclusión.
Se manifiesta cuando una mujer no es creída, cuando es tratada con sospecha, cuando se cuestiona su palabra o se limita su acceso a derechos por su origen, su color de piel o su situación administrativa.
Cuando se normalizan los comentarios, miradas, retrasos, negativas o trámites imposibles que acaban expulsándola de los sistemas de protección.
En el último año, miles de mujeres migrantes han visto agravada su vulnerabilidad por la falta de empadronamiento, la imposibilidad de acceder a la tarjeta sanitaria, la dificultad para regularizar su situación o la ausencia de alternativas reales de vivienda y empleo. Estas barreras no son neutras: impactan especialmente en mujeres racializadas, reforzando circuitos de exclusión y exposición a nuevas violencias.
El racismo y la xenofobia institucional no solo dañan la dignidad, sino que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres, perpetúan la explotación y dificultan cualquier proceso de autonomía. Cuando una institución discrimina, aunque sea de forma sutil, está ejerciendo violencia.
Nombrar estas realidades es imprescindible para transformarlas.
Porque los derechos no pueden depender del origen. Porque la protección no puede discriminar.
Y porque también es violencia cuando las instituciones fallan.
