La violencia institucional también se expresa en la falta de acceso a una vivienda digna y segura. Cuando no existen alternativas habitacionales reales, la exclusión se profundiza y la violencia se multiplica.
Cada vez más mujeres se ven obligadas a vivir en los mismos espacios donde ejercen prostitución, en infraviviendas, en condiciones de hacinamiento o directamente en situación de sinhogarismo. No se trata de decisiones personales, sino de la ausencia de políticas de vivienda que tengan en cuenta realidades marcadas por la precariedad, la violencia y la irregularidad administrativa.
Sin un lugar seguro donde vivir, cualquier proceso de protección o autonomía se vuelve frágil. La vivienda es la base desde la que acceder a la salud, al empleo, a la regularización y a la reconstrucción personal. Cuando falla, todo lo demás tambalea.
Las mujeres que viven donde ejercen prostitución quedan expuestas al control, a la falta de intimidad y a nuevas formas de violencia. Quienes no pueden acceder a un alquiler formal quedan fuera del sistema, encadenando soluciones temporales que nunca garantizan estabilidad.
Cuando no hay alternativas habitacionales suficientes,
cuando los recursos residenciales son escasos,
cuando los requisitos de acceso excluyen,
la desprotección se cronifica.
Negar o dificultar el acceso a una vivienda digna no es una circunstancia inevitable. Es una decisión estructural con consecuencias directas.
No garantizar un lugar seguro donde vivir
también es violencia institucional.
