Cada año aumenta el número de mujeres que viven situaciones de extrema vulnerabilidad, atrapadas en contextos de prostitución, trata y exclusión social.
No por elección, sino por la falta de alternativas reales y sostenidas en el tiempo.
La pobreza no aparece de forma puntual: se cronifica.
La exclusión no es un hecho aislado: se acumula.
Y cuando las respuestas institucionales son insuficientes, discontinuas o llegan tarde, la vulnerabilidad se profundiza.
Muchas mujeres sobreviven sin acceso estable a vivienda, salud, empleo o regularización administrativa, encadenando ayudas de emergencia que no resuelven la raíz del problema. Esta precariedad prolongada incrementa la exposición a explotación, violencia y control, limitando cualquier posibilidad real de autonomía.
El aumento de mujeres que requieren acompañamientos cada vez más intensivos y prolongados no es casual. Es el resultado de sistemas de protección que no garantizan derechos, de políticas fragmentadas y de recursos que no alcanzan a responder a realidades cada vez más complejas.
Cuando la exclusión crece porque no se actúa a tiempo,
cuando la vulnerabilidad se convierte en norma,
cuando la pobreza se hereda y se perpetúa,
la violencia se institucionaliza.
Y eso también es violencia institucional.
