La violencia institucional también se manifiesta cuando el derecho a la salud no se garantiza en igualdad de condiciones. Cuando el acceso a la atención sanitaria depende de la situación administrativa, del empadronamiento o de trámites que muchas mujeres no pueden cumplir, la salud deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio.
Cada vez más mujeres presentan un deterioro significativo de su salud física y mental, consecuencia de trayectorias vitales marcadas por la violencia, la explotación, la precariedad y la exclusión prolongada. A ello se suma la dificultad para acceder a la atención primaria y especializada, especialmente en áreas clave como la salud mental, la salud sexual y reproductiva, la atención ginecológica o el tratamiento de adicciones.
Las demoras en las citas, la falta de recursos especializados, la inexistencia de una atención adaptada a realidades complejas y la negativa o limitación del acceso a la sanidad pública generan un impacto directo en la vida de las mujeres. Muchas llegan tarde a los recursos sanitarios, cuando el daño ya es profundo y acumulado.
Cuando la salud mental no se atiende,
cuando el dolor físico se normaliza,
cuando las secuelas de la violencia no se tratan,
la recuperación se vuelve casi imposible.
Negar, retrasar o dificultar el acceso a la salud no es una cuestión técnica. Tiene consecuencias reales sobre la dignidad, la seguridad y la vida de las mujeres.
No cuidar la salud también es violencia.
Y cuando ocurre desde las estructuras,
es violencia institucional.
