La violencia institucional también se ejerce cuando no existen vías reales y accesibles de regularización administrativa que permitan a las mujeres acceder a un empleo digno y a una vida autónoma.
Sin regularización no hay contrato.
Sin contrato no hay estabilidad.
Y sin estabilidad, la salida de situaciones de prostitución, explotación y violencia se vuelve casi imposible.
Muchas mujeres quieren trabajar, formarse y sostener sus proyectos de vida, pero se encuentran atrapadas en un sistema que exige empleo para regularizarse y regularización para poder trabajar. Esta contradicción perpetúa la precariedad y empuja a muchas a la economía sumergida, donde la explotación y la ausencia de derechos se normalizan.
La falta de alternativas laborales reales obliga a aceptar condiciones abusivas, jornadas interminables y salarios indignos. A ello se suma la dificultad para homologar estudios, acceder a formación reglada o participar en procesos de inserción adaptados a sus realidades.
Cuando no se habilitan caminos claros hacia la regularización,
cuando el empleo digno es inaccesible,
cuando la autonomía se retrasa indefinidamente,
la vulnerabilidad se mantiene.
No garantizar el derecho al trabajo con derechos no es una cuestión individual. Es una responsabilidad estructural.
Impedir el acceso a un empleo digno
también es violencia institucional.
