La campaña termina, pero las realidades que hemos compartido no se detienen. La violencia institucional sigue presente mientras existan barreras que excluyen, protecciones que llegan tarde y derechos que no se garantizan.
Lo que hemos puesto sobre la mesa no son casos aislados, sino situaciones estructurales que atraviesan la vida de miles de mujeres en contextos de prostitución, trata y exclusión. Nombrarlas es necesario. Pero no es suficiente.
Garantizar derechos no puede depender del momento, del contexto o de la visibilidad mediática. Requiere decisiones sostenidas, recursos estables y una acción institucional coordinada que sitúe la protección en el centro.
Cerrar esta campaña no significa cerrar el debate.
Significa reafirmar un compromiso.
Un compromiso con una sociedad que no normalice la exclusión.
Que no delegue la protección.
Que no permita que la violencia se ejerza desde la omisión.
Porque los derechos no son temporales.
Y no pueden esperar.
